EL FUTURO DEL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
¿CÓMO AVANZAR HACIA PENSIONES SOSTENIBLES PARA SOCIEDADES MÁS LONGEVAS?
Parte 4. Transformación y soluciones para aumentar la cobertura y mejorar la administración de riesgos.
En América Latina y el Caribe, se han venido evaluando estrategias innovadoras y flexibles para buscar fuentes complementarias de financiamiento, incluida la posibilidad de depender más del impuesto al consumo en vez del impuesto a la nómina, la desvinculación de las cotizaciones de la condición de empleo, y la introducción de instrumentos financieros innovativos para aumentar la cobertura, el ahorro y la obtención de un producto de des acumulación vitalicia. Se ha propuesto la revisión de la evolución de las tasas de contribución para balancear las necesidades de ahorro líquido e ilíquido en el ciclo de vida; y la idea de complementar el ahorro para el retiro con una cuenta de ahorro líquido.
Se ha avanzado en medidas que buscan: a) mejorar la articulación de los beneficios de pensión con otro tipo de beneficios sociales para incentivar la formalidad; b) fortalecer la fiscalización de las cotizaciones; c) promover la vinculación a través de las tecnologías y la arquitectura de elección para aumentar la cobertura y el ahorro en la etapa activa; y d) mejorar los productos complementarios para incrementar la cobertura pasiva.
En enero 2023, Brasil comenzó la emisión de bonos de jubilación diseñados para fomentar el ahorro para el retiro, con foco especial en los trabajadores del sector informal. Este mecanismo se inspiró en los denominados seLFIES para la jubilación, ofreciendo a los ahorradores la oportunidad de asegurar un ingreso mensual constante, ajustado a la inflación, durante dos décadas a partir del momento de su retiro del mercado laboral. En cualquier momento, el tenedor del bono puede revisar el valor de su portafolio de bonos, compararlo con la meta de su pensión, y tomar decisiones en consecuencia. Esto incluye la opción de vender una parte de sus bonos en el mercado secundario si enfrenta situaciones de emergencia o problemas de liquidez. Hasta marzo 2023, se ha atraído a 36,000 personas y ha logrado una inversión de más de 500 millones de reales brasileños.
En cuanto al riesgo de longevidad, algunos países están explorando introducir soluciones innovativas para la etapa de desacumulación. Estas soluciones se basan en la compartición actuarialmente justa del riesgo de longevidad entre los participantes. Puede ser a nivel de fondo de pensiones o de un fondo colectivo nacional que ofrezca pagos vitalicios inclusive en escenarios en donde prácticamente no existen rentas vitalicias, como en Colombia. El BID incluyó este tipo de soluciones en sus buenas prácticas para diseñar y regular la fase de desacumulación. Asimismo, el CFA Institute, la Society of Actuaries, y el Brookings Institution han publicado investigaciones explorando este tipo de soluciones.
La discusión sobre brechas de género en pensiones está tomando fuerza en los debates de reforma a los sistemas de pensiones, pero aún falta mucho por hacer. El diseño de los sistemas de pensiones influye en las brechas heredadas de participación, ingresos, edad de jubilación y longevidad. Una medida para cerrar la brecha en el corto plazo es introducir pensiones no contributivas y considerar suplementos focalizados a las mujeres con pruebas de ingresos. Esto en los países en los que las mujeres están rezagadas, que suelen ser aquellos donde la cobertura general es baja. Lo anterior incluye medidas para acercar el nivel de pensión para mujeres y hombres con el mismo ahorro previsional.
Las soluciones a largo plazo para cerrar la brecha de género en pensiones deben centrarse en incrementar el acceso de las mujeres a empleos formales. Esto está relacionado con la promoción de acuerdos laborales flexibles, normativas laborales que fomenten una mayor paridad entre los permisos de maternidad y paternidad, e inversiones para promover políticas de atención infantil y de cuidado a la dependencia para personas mayores. Lo que debe ir acompañado por la habilitación de la contribución de trabajadores de bajos ingresos y de tiempo parcial; la implementación de estrategias de promoción del ahorro pensional a través de herramientas tecnológicas y la aplicación de la economía del comportamiento y; la incorporación de la dimensión de género en el diseño de los sistemas de pensiones.
El cambio climático y la transición a una economía verde están ganando protagonismo en los debates acerca del papel de los sistemas de pensiones. El mercado de inversiones responsables ha venido ganando mayor relevancia, y los factores Ambientales, Sociales y de Gobierno (ESG), se están abriendo camino dentro de la lista de prioridades de los fondos de pensiones a nivel global. Esto por cuenta de la necesidad que existe de proteger los ahorros de los afiliados ante los riesgos climáticos y por los potenciales beneficios financieros que implica esa integración temprana de los factores ESG en el análisis y las decisiones de inversión.
Las inversiones sostenibles involucran importantes desafíos, como la dificultad de establecer estándares de medición y homologación de criterios ESG, lo que se torna realmente importando, dado los casos de “greenwashing”; por lo que múltiples reguladores y supervisores financieros, han tratado de lograr mayor estandarización y solidez en estos esquemas, publicando taxonomías verdes en varios países de la región. A esos desafíos, debe agregársele el conocimiento limitado sobre los impactos de las distintas estrategias en el desempeño de las inversiones sostenibles.
Un componente vital de las preferencias de los participantes en los sistemas de pensiones es que el mundo en el que se jubilen sea habitable. Los fondos de pensiones son uno de los principales inversionistas institucionales y, por ello, son imprescindibles para apoyar el financiamiento de la transición a una economía verde y garantizar la sostenibilidad de las inversiones en el largo plazo. El índice global de cambio climático (AODP) muestra que más del 60% de los 100 fondos de pensiones públicas de mayor envergadura del mundo tienen un enfoque de cambio climático limitado o nulo.
La transformación digital influye transversalmente en todas las actividades económicas, incluyendo los sistemas de pensiones, considerando el impacto de la interacción entre los diferentes agentes en los mercados. La adopción de tecnología a nivel general y, específicamente, en el área de las pensiones no ha avanzado al mismo ritmo en la región. Aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital requiere transformar las instituciones pensionales.
Los cambios tecnológicos aportan grandes oportunidades para transitar a sistemas de pensiones que cubran a los ciudadanos, independientemente de su situación laboral, debido a la digitalización de los ingresos y las transacciones. En este sentido, cada vez es más factible nivelar tanto las obligaciones como los derechos respecto al sistema de pensiones entre las distintas modalidades de empleo. La transformación digital será relevante en la masificación de estrategias para aumentar el ahorro y la cobertura a través de instrumentos financieros innovativos como los bonos de jubilación, e impulsar las iniciativas de ahorro vía consumo.
También, juega un papel clave en las estrategias de fiscalización y el cumplimiento en el pago de aportes al sistema de pensiones, así como en la masificación de instrumentos financieros innovativos de acumulación y desacumulación previsional. Sin duda, la evasión de contribuciones representa uno de los fenómenos más importantes a los que se enfrenta la región y amenaza la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Esta situación requiere la implementación de estrategias de fiscalización donde la transformación digital puede apoyar dos líneas de trabajo: favorecer la detección de población evasora con base en fuentes de información diferentes a las tributarias; y ser más oportunos en el tratamiento que se hace a los aportantes para los que se detecta omisión o inexactitud.
La respuesta al contexto de bajas tasas y rendimientos esperados requiere una revisión de los regímenes de inversiones en los sistemas de pensiones de la región. Una gestión eficiente de las inversiones dedicadas al ahorro para el retiro, debería incorporar un objetivo específico de pensión. Esto implica que, las medidas de desempeño y de riesgo no deben basarse únicamente en los rendimientos de los activos (ahorros), sino que deben tener en cuenta los movimientos en la tasa de conversión de activos (ahorros) a ingresos (vitalicios). Dicho cambio de unidades tiene también implicaciones en el diseño de las estrategias de inversión de los fondos de pensiones. En particular, ese enfoque requiere introducir la cobertura del riesgo de conversión de activos a ingresos en retiro, como un elemento fundamental en la estrategia de inversión.
A pesar de su importancia, el riesgo de conversión está fuera del perímetro regulatorio y de actuación de los fondos de pensiones en los regímenes de inversión en América Latina y el Caribe. La desconexión entre el régimen de inversiones y el objetivo de ingresos en retiro no es un problema único de la región, sino que es global. Desde una asignación estratégica de activos de tipo fondos generacionales, es posible introducir un esquema de inversiones basado en el objetivo de pensión de largo plazo de los afiliados, y adjuntar una estructura regulatoria de incentivos (portafolios de referencia y comisiones) capaz de alinear la actuación de los fondos de pensiones con ese objetivo.
La construcción de sistemas de pensiones preparados para el futuro requiere salir del dilema de política pública entre suficiencia y sostenibilidad. Para ello, es necesaria la innovación social, institucional y tecnológica. A nivel global, las reformas de pensiones en países con un envejecimiento poblacional avanzado se han concentrado en realizar reformas paramétricas y en incorporar ajustes automáticos de los principales parámetros como respuesta al envejecimiento. Estas acciones han tenido el objetivo de mantener la sostenibilidad financiera o fiscal, mientras que en los sistemas de capitalización han buscado mantener la suficiencia y, con ello, la sostenibilidad social.
En ausencia de una mejora sostenida en la productividad, el aumento en la edad de retiro efectiva es la clave para alcanzar tanto la sostenibilidad financiera como social (suficiencia). La decisión de retiro del mercado laboral es multifacética y por tanto alterarla no es tarea simple. En particular, la decisión de retiro está influenciada por la situación de salud del individuo. La literatura califica esta relación como débil relativo a otras causales como el diseño del sistema de pensiones y la edad de retiro. Sin embargo, para algunos grupos la relación es fuerte. Por ejemplo, para las personas con ocupaciones física o mentalmente pesadas, trabajar más tiempo tiene un efecto negativo en la salud. Para este grupo, una edad de jubilación más baja conduce a un mayor bienestar y una menor demanda de atención médica después de la jubilación. Por ello, la edad de retiro efectiva depende en gran medida de la edad oficial.
Los cambios en la edad de jubilación son políticamente complejos, pero también producen los mayores beneficios individuales y sociales. Aumentar la edad de jubilación amplía la base de cotización y, al mismo tiempo, preserva la suficiencia de las pensiones para quienes trabajan más tiempo. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional expresa que aumentar gradualmente la edad legal de jubilación promovería mayores niveles de empleo y crecimiento económico, mientras que el aumento de las tasas de cotización a la seguridad social podría disminuir la oferta de trabajo. Por su parte, la OCDE establece que dar a las personas mejores opciones e incentivos para seguir trabajando a una edad avanzada es crucial para responder a los desafíos del rápido envejecimiento de la población.
Debido a la complejidad política y social de los ajustes paramétricos, algunos países han puesto en marcha mecanismos de autocorrección de los desequilibrios del sistema de pensiones. Este tipo de mecanismos se han denominado genéricamente factores de sostenibilidad o reglas de ajuste automático y son la principal innovación en materia pensional en las últimas décadas. La idea fundamental es funcionar como mecanismos de compartición de riesgos y se observan tanto en los pilares básicos como en los planes ocupacionales conocidos como de Contribución Definida Colectiva.
La adopción temprana de un factor de ajuste automático permite reforzar y garantizar el equilibrio del sistema y, además, contribuye a mejorar la confianza en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por otro lado, ayuda a dar transparencia a la necesidad de ajustes, y a eliminar incertidumbres entre los ciudadanos. Las oportunidades de retiro flexible proporcionan un valor de seguro no solamente para los trabajadores con problemas de salud sino también para quienes requieren prolongar la vida laboral en respuesta a un posible evento de pérdida de ingresos. La jubilación flexible tiene un efecto positivo en la permanencia en el mercado laboral, aunque a su vez reduce el número total de horas trabajadas entre la población mayor porque algunos eligen el trabajo de tiempo parcial frente al tiempo completo.
Para transformar el envejecimiento en una oportunidad, es esencial que los adultos mayores tengan la opción de trabajar productivamente en el futuro. Aunque el envejecimiento prolonga el retorno de las inversiones en capital humano, el cambio tecnológico acelerado requiere de políticas de mejora continua de las competencias laborales para garantizar que los trabajadores lleguen a edades avanzadas con conocimientos actualizados y sincronizados con las necesidades de los empleadores. De igual forma, es importante revisar el diseño de los seguros de invalidez para proteger el valor del capital humano y evitar que éstos sean la puerta de salida del mercado para quienes no los necesitan.
Es relevante poner en marcha políticas públicas para promover la demanda de adultos mayores en empleos formales, dado que en la región no existe una cultura de contratación de esta población. Los beneficios fiscales por la incorporación de los mayores a la fuerza de trabajo podrían funcionar como un incentivo para que las empresas mantengan a los trabajadores más allá de los 65 años, así como para que los contraten a partir de esa edad.
En el mismo sentido, se requiere de un paquete coordinado de reformas más allá del sistema de pensiones; el desempeño de los sistemas de pensiones a lo largo del espectro de la sostenibilidad y suficiencia seguirá comprometido si la edad efectiva de retiro no avanza en sintonía con los aumentos en la expectativa de vida.
Arturo Rangel Bojorges Mendoza
Consejero Suplente ante el H. Consejo Técnico del IMSS.
Información obtenida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2023.
